DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
La
convivencia esta directamente relacionada y ligada con el concepto de
ciudadanía, con el pensamiento del vivir y el convivir; la convivencia no es
nada más que el acto de correspondencia
entre los hombres y mujeres que ocupan un mismo espacio, un mismo entorno ya
sea con su familia, con sus vecinos de barrio,
con sus compañero de trabajo o simplemente con la sociedad en general.
De
acuerdo con lo anterior, cuando se habla de ciudadanía se habla de territorios
y de la intervención que en algunas ocasiones se hace necesaria a los
mismos; es por ello que la seguridad,
hace parte de la convivencia, pero cuando esta no se siente en el ambiente se
debe ubicar la causa que afecta esta no sensación de seguridad y que se torna
en percepción de inseguridad o falta de seguridad; es muy común hoy día
escuchar en las constantes reclamos de la ciudadanía que se aumente el pie de
fuerza de las instituciones del estado que brinden esa seguridad y confort que
ella desprende, pero no solo se debe hablar de ampliar el talento humano de las
instituciones de orden policial y hasta
de pronto militar en determinada zona, sino de acercar la capacidad de las
instituciones a los principales focos de
atención originados por fenómenos y amenazas. A partir de esta focalización, se
estaría abordando apropiadamente posibles causas con participación; de forma
que permita soluciones integrales e integradoras.
Es
por ello que al abordar el tema de seguridad en este investigación se tomará
como objeto de la misma, la institución educativa Álvaro Gómez hurtado, ubicada en la carrera
100 # 128 c localidad de Suba y ubicado en la jurisdicción del CAI de policía
Aures, donde se percibe por parte de la
ciudadanía aledaña al plantel una sensación de inseguridad, lo cual se
argumenta por parte de los vecinos del colegio que esta “percepción de
Inseguridad” es debido al consumo de sustancias psicoactivas por parte de grupos
de estudiantes del plantel educativo; y lo que se agrava frente a la
inefectividad de las autoridades locales, tanto administrativas como policiales,
las cuales al parecer son insuficiente para contrarrestar estas manifestaciones de conductas impropias,
que en muchas ocasiones es causada por la indiferencia social, y la falta de
programas contundentes y continuos que permitan disminuir esta problemática.
Ante
las alarmas que genera en la comunidad aledaña al plantel educativo Álvaro
Gómez hurtado, surge la inquietud: ¿Cómo afecta
la percepción de inseguridad al entorno de este colegio por el continuo consumo de sustancias psicoactivas por parte de algunos alumnos de la
institución educativa Álvaro Gómez Hurtado a los alrededores de este plantel?.
FORMULACION
DEL PROBLEMA
Las
alarmas están encendidas pero aún falta una mayor articulación de las
autoridades, en donde según personería en el año 2015 el 50% de los colegios
públicos presentaron una grave afectación por parte del consumo de alucinógenos
en los menores (Pie de
página), donde se puede evidenciar en muchos casos que el consumo viene
de varios años atrás donde deja en tela de juicio las acciones tomadas por
todos los entes involucrados y en especial los padres de familia, que en muchos
casos se evidencia la falta de interés y/o
falta de medios económicos para
adquirir un tratamiento.
El
consumo de drogas en los primeros años de edad fomenta la iniciación de
conductas delictivas, que reinciden de manera periódica llevando cada vez más a
sumergirse en la vida delictiva, atrayendo
consigo la participación de pandillas y expendedores de estupefacientes los
cuales lo único que buscan es incrementar su capital sin importar que se esté
explotando a menores de edad siendo estos el futuro del país.
·
¿Cuál es el rol que deben desarrollar las autoridades administrativas y de control
en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas por parte de algunos
estudiantes al interior y alrededores de la institución educativa Álvaro Gómez hurtado?
·
¿Cuál es la percepción que se hacen los estudiantes y vecinos de la institución educativa Álvaro Gómez hurtado frente al consumo de estupefacientes
al interior y alrededores del plantel educativo
y su relación con la seguridad?
·
¿Qué responsabilidad asumen y que
acciones se han adelantado por parte de los estudiantes, profesores padres y
vecinos de la institución educativa
Álvaro Gómez hurtado frente al consumo de sustancias psicoactivas por
parte de algunos alumnos?
·
¿Qué responsabilidad asumen y que
acciones se han adelantado por parte de los estudiantes, profesores padres y
vecinos de la institución educativa
Álvaro Gómez hurtado frente al tema de seguridad vs percepción de
inseguridad?
JUSTIFICACIÓN
La
seguridad en Bogotá es parte fundamental del crecimiento de una región, como
también de la generación de equidad,
minimización de riesgos de violencia, oportunidades de avances en aspectos como: cultural, social, económico,
ambiental, además forma parte de crear y legalizar una verdadera cultura ciudadana, cambio de
pensamiento, mejores condiciones de vida y el
mejores condiciones laborales en las instituciones que finalmente
terminan prestando los servicios de protección que emana la Constitución
Política de Colombia[1]
La
presente investigación es pertinente dado que a la
Policía nacional le atañe directamente el garantizar la seguridad de los Colombianos,
ya que de acuerdo con su misionalidad “ La Policía Nacional es un cuerpo armado
permanente de naturaleza civil a cargo de la nación, cuyo fin primordial es el
mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y
libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en
paz”; y es deber garantizar la seguridad de los alumnos y vecinos de la
institución educativa Álvaro Gómez
hurtado, llegar a la comunidad y concientizar a cada individuo de la
importancia que adquiere la participación y la movilización con el fin de mitigar los factores de
conflicto y de riesgo dentro de su comunidad.
Nuestro proyecto está dirigido a la comunidad educativa y vecinos
del colegio Álvaro Gómez hurtado,
quienes se encuentran altamente afectados por el consumo de sustancias
psicoactivas e inseguridad, como factores primordiales, por lo cual se
convierte en una necesidad la el plantear alternativas de solución que permitan
mitigar estas amenazas en contra de la seguridad y convivencia ciudadana de la
comunidad de este barrio de la localidad de Suba.
El trabajo con una comunidad es siempre muy enriquecedor; es por
esto que este proyecto es una oportunidad para reconocer la comunidad como
integradora de la sociedad y así mismo, como gestora de proyectos tendientes no
solo al desarrollo comunitario sino también social, donde nosotras como
trabajadoras sociales en formación, tendremos la oportunidad de penetrarnos en
la dinámica de esta comunidad y promover
la transformación de cada individuo como ser autónomo y participativo.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Contribuir
en la construcción de alternativas de solución que permitan mitigar el consumo
de sustancias psicoactivas y disminuir la percepción de inseguridad entre
los estudiantes, profesores padres y
vecinos de la institución educativa
Álvaro Gómez hurtado ubicada en la localidad de Suba, mediante la
utilización de las herramientas con las que cuenta la Policía Nacional y la comunidad del sector.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Ø Seleccionar
las herramientas necesarias y con las cuales cuenta la Policía Nacional que
permitan mitigar el consumo de sustancias psicoactivas y disminuir la
percepción de inseguridad entre los
estudiantes, profesores padres y vecinos de la institución
educativa Álvaro Gómez hurtado.
Ø Seleccionar
las herramientas necesarias y con las cuales cuenta la Comunidad de la
localidad de Suba que permitan mitigar el consumo de sustancias psicoactivas y
disminuir la percepción de inseguridad entre los estudiantes, profesores padres y vecinos de
la institución educativa Álvaro Gómez
hurtado
Ø Generar
una cultura ciudadana entre los
estudiantes, profesores padres y vecinos de la institución educativa Álvaro Gómez hurtado, con base en el
reconocimiento de valores que influyan al interior del núcleo familiar, el
colegio y la comunidad aledaña a la institución educativa.
MARCOS DE REFERENCIA:
REFERENTE CONCEPTUAL:
A lo largo de la
historia, las diferentes sociedades han formulado ciertas normas para regular
el comportamiento social de las personas. La desobediencia o transgresión de
normas por parte de ellas se considera como un delito. El delito puede
concebirse como “ la existencia de una violación a una norma o regla que una
sociedad ha definido como tal, para así seguir manteniendo el orden social que
hasta el momento ha ido teniendo” (Solano,1991:18), para lo cual recurre a la
imposición de una pena o sanción. Es importante señalar que estas normas son
relativas, debido al hecho de que para una persona el delito o la comisión de
un delito no es lo mismo que para otra, o la gravedad de la acción cometida
depende de la óptica con la que se mire, ya que no todo lo bueno o lo malo
tiene el mismo significado para las personas. En un plano jurídico, el
infringir las normas o reglas implica que la persona que delinque debe ser
juzgada por sus actos dependiendo de la gravedad de los hechos y de la cultura.
Por ello puede ser objeto de detención, reclusión o imposición de otros tipos
de penas o sanciones.
El comportamiento de la
persona delincuente y el propio sujeto, son un producto de la sociedad. Como
menciona Carpena (1977:501), el individuo y el medio son los términos
esenciales de la ecuación del delito, pero en el momento de la aplicación de
las leyes para su juzgamiento, se ve a quien infringe la ley como un problema
individual, es decir; no se analiza la situación estructural que llevó a la
persona a cometer determinado acto, sólo se juzga lo que hizo.
De acuerdo con lo
anterior, y tal y como lo describiera Chalom, sean cuales fueren las formas de
percibir o representar los desafíos que
plantea la seguridad, lo cierto es que las organizaciones policiales actuales
despliegan nuevas maneras de organizar y desempeñar sus funciones, ello, en un
entorno caracterizado por la complejidad
de problemas comunes asociados al crimen y a la delincuencia,
marginalización social y física de sectores cada vez con mayor número de
población. Es por ello que en Colombia,
la Policía Nacional debe afrontar los retos que le impone la sociedad actual y
enfrentar las diferentes tipologías del crimen y las problemáticas sociales que
se plantean, que permitan dar
cumplimiento al mandato constitucional plasmado en su artículo 218 donde se
pone de manifiesto que el fin primordial es “el mantenimiento de las
condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas,
y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”, ya que es fundamental cumplir con los deberes
consagrados en la Constitución Política de Colombia, que es la norma rectora
del actuar policial.
Por otra parte, siguiendo con los lineamientos
Institucionales se debe garantizar no solo el cumplimiento del ordenamiento
jurídico, sino el cumplimiento de la visión institucional que hace parte de la
hoja de ruta trazada para los miembros de la Institución, además de ser parte
fundamental de la plataforma estratégica en la cual se encuentra cimentada la
doctrina policial: “Al año 2019, la Policía Nacional habrá hecho una
contribución de excepcional valor en la convivencia y seguridad ciudadana para
la construcción de un país próspero y en paz; soportada en el humanismo, la
corresponsabilidad y el trabajo cercano a la comunidad”[2].
La Policía Nacional,
como toda organización, tiene entre sus grandes propósitos, garantizar su
supervivencia, en un entorno cambiante, específicamente en los aspectos
político, económico, social y jurídico, mediante su compromiso y respuesta
oportuna a las variables y condiciones que puedan afectar su identidad, solidez
y confiabilidad.
El logro de la
supervivencia de la Institución se soporta en los factores de competitividad y
productividad. La competitividad, entendida como la capacidad de entregar un
servicio con valor agregado al ciudadano, es decir, que supere sus necesidades
y expectativas, generando simultáneamente, la posibilidad de compararse bajo
parámetros comunes, con organizaciones reconocidas como exitosas tanto a nivel
nacional como internacional y la productividad, orientada a lograr mayores
resultados en el mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia,
con el mínimo de recursos.
La doctrina practicada
al interior de la Institución muestra como uno de los principales desafíos el garantizar la seguridad a los habitantes
de Colombia y para el cumplimiento de este fin, se hace necesario el respeto
por los derechos humanos y las garantías ciudadanas; por ello no se puede
perder de vista la finalidad de la institución, que se sustenta en la
convivencia ciudadana en todos sus niveles: la seguridad de las personas, de
sus bienes, la tranquilidad social, la moralidad y la ecología (medio ambiente,
salubridad y recursos naturales).
Esta seguridad
entendida como “en el sentido más amplio del término, hace referencia a la
ausencia de riesgos o amenazas, tanto en el campo de los asuntos
internacionales como en el ámbito individual de las personas físicas. Así pues,
la seguridad concierne a Estados, gobiernos e individuos. Es un término que ha
sufrido transformaciones y ha tenido distintas concepciones a lo largo de la
historia, debido a los cambios políticos, económicos y sociales a nivel global”
[3].
Por otra parte, este
concepto de “seguridad”, está ligado al concepto de la “seguridad ciudadana” que no es otra cosa que una
condición fundamental y necesaria para la armonía social, garantiza a los
ciudadanos (inclusive victimarios), el disfrute y el pleno ejercicio de sus
derechos y deberes; proporciona la protección de los bienes, la integridad
personal y calidad de vida; es consecuencia del orden público y responsabilidad
intransferible del Estado. El cual para la gestión de la conflictividad social,
puede contar con la ayuda de la ciudadanía para prevenir y combatir el delito,
promover seguridad mediante la acción de instancias específicas y la labor de
programas centrados tanto en la formación de las personas en seguridad, como en
la construcción de lazos de solidaridad y paz.
La construcción de la
seguridad ciudadana implica forjar un modelo social basado en un nuevo
paradigma de sociedad, donde se promociona la salud mental, física y
espiritual, el cambio en las formas de organización social, de sentimientos y
valores, se desafía las diferencias étnicas, de clase social y se propicia la
unión, la paz y armonía. Los valores humanistas, pacifistas y democráticos en
que se sustenta esta seguridad, llevados a la práctica hacen realidad los
derechos proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la
posible articulación de los diferentes actores sociales y políticos, bajo una
visión sistémica y una práctica ecléctica, conllevan una esperanza para la
humanidad[4].
La seguridad ciudadana
se relaciona con la protección de los bienes, la integridad personal y la
calidad de vida, es decir, con una amplia gama de aspectos que pueden ir desde
el asegurar el equilibrio ecológico hasta la seguridad nacional. No se
restringe únicamente a la existencia de un adecuado sistema de seguridad que controle
sólo el delito. Un sistema de seguridad adecuado debe facilitar a una mayoría
de la ciudadanía, experimentar confianza en la acción de los cuerpos
policiales, sentir protección, tranquilidad, porque hay personal policial con
respuestas efectivas y que hallarán reparo si fuera el caso, o al menos no
quedará impune el acto delictivo.
Manuel Garro Chacón
(1993), considera la seguridad ciudadana como una situación social que
garantiza el pleno ejercicio de todos los derechos, tanto individuales como colectivos,
no se limita a los aspectos delincuenciales e incluye el control de cualquier
agresión de la que pueda ser objeto el ciudadano; abarca el medio ambiente, la
sanidad y la seguridad vial, es para él un deber y un derecho ciudadano. De
acuerdo a este autor, la seguridad ciudadana es consecuencia de la existencia
del orden público, condición necesaria e indispensable para la vida cotidiana,
la paz, la tranquilidad, la estabilidad en la posesión de las cosas; es decir,
con una paz interior, pero también producto de un orden establecido por el
derecho positivo, que se encomienda a la policía administrativa, de tal forma
que existe seguridad ciudadana, si las personas, sus derechos y bienes son
guardados y mantenidos por los Poderes Públicos.
Según Garro Chacón, en
la seguridad ciudadana hay niveles de actuación por parte de aquellos que deben
mantenerla; en un primer nivel se coloca al ciudadano común, el cual debe
denunciar, cooperar, ayudar y avisar a la policía en situaciones especiales. En
el segundo nivel se ubica la acción profesional de los policías municipales,
quiénes brindan auxilio y previenen; el último nivel, es el de la represión y
tratamiento del delito, misión que deben cumplir los cuerpos de policía
especializados, los que deben investigar, descubrir, detener, aportar pruebas y
elaborar informes.
Parte de la
seguridad ciudadana y eje fundamental
del trabajo que desarrollan los cuerpos de policía en cualquier parte del
mundo, debe contar con la participación ciudadana, la cual tiene como objetivo“
prevenir el delito y controlar los cuerpos de policía, mediante las
contralorías de servicios, la inspección policial y judicial, los ciudadanos no
deben interferir en los niveles operativos, ni en las acciones represivas
directas; sino en acciones tendientes a reducir o eliminar las
condiciones que propician el delito. Para lo cual hay dos tareas: educación
para la comunidad y creación de un sistema de alerta ciudadana”[5].
Según José Ma. Rico
(1998), la problemática de seguridad que se viene presentando en los países de América
Latina tiene dos facetas o niveles: realidad y percepción; es decir, con el
aumento de la criminalidad hay una preocupación ciudadana por la seguridad
personal y se da un sentimiento de inseguridad relacionado con la creencia de
que el país, barrio, calle u hogar son inseguros, se creen que se puede ser
asaltado o robado, la creencia se acentúa en centros urbanos y en las personas
de sexo femenino y edad avanzada. Además, la población considera a los cuerpos
policiales y a los tribunales incapaces de enfrentar el problema en forma
satisfactoria[6].
La Seguridad Ciudadana
está estrechamente relacionada con la “Percepción de Seguridad”, que es la
evaluación que se hace a los factores
asociados a la sensación de seguridad o inseguridad de los ciudadanos. Esta percepción
de la inseguridad tiene estrecha relación con las expectativas a futuro en dos
puntos principales: en primer lugar, es el miedo a lo que puede ocurrir el
principal elemento configurador de estas representaciones (la sensación de
inseguridad tiene más relación con el miedo a lo que puede llegar a ocurrir que
con lo que efectivamente ocurre); y en segundo lugar con la temporalidad.
a) en el aspecto personal: refieren sentimientos de ansiedad-depresión
y angustia entre otros, que las llevó a modificar sus hábitos y costumbres,
tomando medidas preventivas como: ser más precavidos, evitar salir de noche,
aunque los robos hayan ocurrido durante la tarde, no llevar dinero ni joyas.
b) en el aspecto social: aseguran que aumentó su desconfianza en los
demás, que prefieren no hablar con personas desconocidas, dejar de concurrir a
lugares públicos no seguros, que en la mayoría de los casos llevan al deterioro
de las relaciones sociales.
Al final los ciudadanos
se sienten victimas ante la percepción de inseguridad, de acuerdo con Naciones
Unidas (U.N.) entiende que víctimas son “las personas que, individual o colectivamente,
hayan sufrido daños, incluidos lesiones físicas o mentales, sufrimiento
emocional, como consecuencia de acciones que violen la legislación penal
vigente”. De este modo, la víctima está íntimamente vinculada con el concepto
de consecuencias del delito, que se refiere a los hechos o acontecimientos que
resultan de la conducta antisocial, sobre todo el daño, la extensión de éste y
el peligro causado individual y socialmente; también hace referencia al comportamiento voluntario, o no, por
acción o por omisión, que pone en riesgo a un individuo o a una colectividad,
un bien o un derecho, estando considerado dentro de un cuerpo normativo como
una violación a los acuerdos establecidos ya sea una ley o una norma. Lo cual
lo hace una conducta típica antijurídica y culpable.
Por otra parte, y ante
la situación que vivencia la comunidad aledaña al colegio Álvaro Gómez hurtado
con relación al consumo de sustancias psicoactivas por parte de algunos alumnos
dl plantel educativo, se debe entender primeramente que las sustancias
psicoactivas pueden ser de origen natural o sintético y cuando se consumen por
cualquier vía (oral-nasal-intramuscular-intravenosa) tienen la capacidad de
generar un efecto directo sobre el sistema nervioso central, ocasionando
cambios específicos a sus funciones; que está compuesto por el cerebro y la
médula espinal, de los organismos vivos. Estas sustancias son capaces de
inhibir el dolor, modificar el estado anímico o alterar las percepciones[7].
El último estudio
nacional de consumo de drogas en Colombia 2013 muestra que cerca de 2,6
millones de personas, un 11,1% de la población total (12-65 años), presentan un
consumo problemático de alcohol, de estas, 276.367 personas presentan
comportamientos indicativos de dependencia; el mayor compromiso se encuentra en
el grupo de edad entre los 18 y 24 años, el consumo afecta especialmente
jóvenes y adultos en edad productiva.
De acuerdo al último
Estudio Nacional de consumo de sustancias psicoactivas 2013, los jóvenes de
12-17 años presentaban una tasa de uso actual de alcohol de 19,3% y el consumo
de marihuana en el último año era del 4.8%, un incremento del 2,1% frente al
2008. Este mismo estudio presenta consumo de Sustancias Psicoactivas en Escolares
2011 así:
• Estudiantes de sexto grado (11-12 años) fue
de 19.3%
• Estudiantes de
séptimo grado fue del 28.7%
• Estudiantes de octavo
grado fue del 39,22%
• Estudiantes de 11 grado fue del 60,32%.
De estos jóvenes el 5%
declaro que consumía diariamente, el 11,7% lo hacia 3-6 veces a la semana y el
24,1% consumía 1 a 2 veces por semana[8].
Prevalencia de consumo
de marihuana durante el último año, del 1,82% en estudiantes de sexto grado
(12.497 niños), de 3,22% en séptimo grado y esta se incrementa hasta llegar a
8,61% (32,688 adolescentes) en 11 grado. Edad promedio del primer uso alcohol, solventes
y tabaco es de 12 años 13 años para bazuco y dick 14 años para cocaína y
éxtasis. Un 50% de los estudiantes empieza a consumir marihuana a los 14 años o
menos y un 25% a los 13 años o menos.
El estudio último
estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes en
conflicto con la ley, para establecer la magnitud y características del consumo
de spa y su relación con actividades criminales, encontró que el delito estaba
relacionado con drogas en el 35.2% y había sido cometido bajo efecto de drogas
en el 49,1%.
El 41% de los
adolescentes encuestados aseguro haber estado bajo los efectos de marihuana en
el momento de cometer el delito por el que los detuvieron; esta cifra es muy
superior a la de alcohol (27%).
Los dos factores de
riesgo generales (tanto para la comisión de delitos como para el consumo de
SPA) más sobresalientes fueron tener amigos delincuentes y consumidores. Los
factores protectores más importantes fueron una buena relación con la familia,
el hacer deporte y el tener un auto concepto positivo.
Estos estudios nos
acercan aún más a la problemática que se vivencia en el colegio Álvaro Gómez
hurtado, por ello la razón y naturaleza de esta investigación.
REFERENTE
INSTITUCIONAL:
Teniendo en cuenta las
necesidades de la comunidad del sector, en el año de 1994 la Junta de Acción
Comunal de la Urbanización Lagos de
Suba, en cabeza del presidente (Siervo Pérez y su equipo de trabajo), hacen un
estudio de las zonas verdes de la Urbanización; en las cuales se podían
ejecutar y construir obras en beneficio de la comunidad, es por esto que el
promotor de Juntas de Acción Comunal, de la localidad 11 (Miguel Ángel Reyes),
hacen los tramites correspondientes; solicita información a Procuraduría de
Bienes, para saber si las zonas verdes, habían sido cedidas por el Urbanizador, a esta entidad;
obteniendo como respuesta que estas zonas ya habían cedidas al Distrito
Capital, mediante Acta No. 067 de Julio 3/87, y que cualquier tipo de construcción
de estas obras era necesario contar con el concepto favorable de uso ante el
Departamento Administrativo de Planeación Distrital.
De acuerdo con esta
respuesta, citan a la comunidad de la Urbanización a Asamblea General, para poner a
consideración, escoger y ceder el terreno para la construcción de una de las
primeras obras, como era la construcción de un colegio; con esta decisión de la
comunidad, en la que sede, la zona No 1 (7600 m2), según planos de esta
Urbanización, la Junta, hace una solicitud al Secretario de Educación Doctor
(EDUARDO BARAJAS), donde dan a conocer la zona verde No 1, la cual estaría a
disposición para la construcción de un Colegio Técnico Industrial, en esta
solicitud lo invitan a conocer el terreno.
Sin obtener ninguna
respuesta deciden en 1995, elaborar una carta de solicitud de construcción del
colegio en este sector y anexan el Proyecto elaborado por un miembro de la
comunidad (Iván Díaz), la cual es enviada al Secretario de Educación Doctor (JOSE LUIS VILLAVECES
CARDOZO). Cansados de esperar respuesta la Junta de Acción Comunal de la
Urbanización Lago de Suba, decide buscar apoyo con las diferentes Juntas del
sector, quien las cita a una reunión y les informa del proyecto que se tenia en
mente (construcción de un Colegio Técnico Industrial); las Juntas que acudieron
a esta reunión y aceptaron luchar por lo expuesto anteriormente fueron:
Corinto, el carmen, La Gaitana, Cataluña, Aures1, Costa Azul, La Chucua, Gloria
Lara, entre otras; estas Juntas elaboran cartas y por segunda vez anexan
proyecto de la construcción del colegio quienes la envían; al Secretario de
Educación Doctor ( JOSE LUIS VILLAVECES CARDOZO), al no tener respuesta alguna
por la entidad anteriormente mencionada, elaboran y envían una carta a la
Presidencia de la Republica Doctor ( ERNESTO SAMPER PIZANO); en esta solicitud
expresan la necesidad y a la vez le piden la colaboración para que intervenga
ante la Secretaria de Educación para la construcción de un Colegio Técnico
Industrial, en beneficio de la población estudiantil de este sector, teniendo
en cuenta que la Urbanización Lago de Suba cuenta con el terreno de 7600 m2.
Las Juntas obtienen una
respuesta satisfactoria de Presidencia
de la Republica quien interviene ante la Secretaria de Educación para la toma
de decisiones sobre la construcción del Colegio antes mencionado.
La Junta de Acción
Comunal de Aures 2 en años anteriores había radicado un proyecto ante la
Secretaria de Educación, para la construcción de un colegio en este sector, al
conocer este proyecto, se unen estas dos Juntas (Lago de Suba y Aures2) envían
una carta a la Secretaria de Educación , para que estudien los dos terrenos y
tomen la decisión sobre uno de ellos, esta entidad realiza el estudio de los dos terrenos,
eligiendo el terreno de Lago de Suba por su extensión y ubicación de vías de
acceso. En Noviembre de 1995, dan respuesta y comunican a la Junta de Lago de
Suba, la decisión tomada de la construcción del colegio en este sector (Lago de
Suba).
El proyecto de Aures2
ya disponía de algunos recursos para su construcción, impulsados por parte del
representante a la Cámara Doctor (MELQUÍADES CARRIZOZA), al presentarse esta
segunda propuesta a la Secretaria de Educación de la construcción del colegio
en Lago de Suba, este, ya tenía recursos asignados, por medio del representante
a la Cámara Doctor (FERNANDO TAMAYO), estos dos representantes autorizan a la
Secretaria de Educación a transferir los recursos del proyecto de Aures2, al
proyecto de Lago de Suba, teniendo en cuenta la decisión tomada por la
Secretaria de Educación.
Con la aprobación de
Secretaria de Educación, esta hace los trámites correspondientes ante
Planeación Distrital, elabora planos y ejecuta presupuesto ante el IDU. Dando
comienzo a la construcción del colegio en Febrero de 1996.
[2] COLOMBIA. POLICÍA NACIONAL.
Manual de Calidad del Sistema de Gestión Integral de la Policía. Bogotá D.C.:
DIPON –OFPLA, 2009. p. 2.
[3] Página de la Internet:
http://elordenmundial.com/cultura-y-sociedad/introduccion-al-concepto-de-seguridad/
[4] VILLALTA Caledron Yoleny, La
educación de las comunidades como forma de contribuir a la Seguridad
Ciudadana”, 1999.
[7] Página en la Internet:
http://www.odc.gov.co/problematica-drogas/consumo-drogas/sustancias-psicoactivas.
[8]Ministerio
de Justicia y del Derecho, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de
Salud y Protección Social y Dirección Nacional de Estupefacientes.2012. Estudio
Nacional de consumo de sustancias psicoactivas en población escolar 2011. Página en la Internet
https://www.unodc.org/documents/colombia/Documentostecnicos/Estudio_Consumo_Escolares.pdf.
